Por Energiminas
El avance de la minería ilegal ha contribuido a mejorar la imagen de la actividad formal en el Perú, que pasó de una percepción positiva del 25% en 2018 a más del 45% en 2026, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Este crecimiento en la aceptación social refleja el trabajo sostenido del sector minero formal para transparentar su gestión, fortalecer el vínculo con las comunidades y generar beneficios tangibles en los territorios donde opera.
Durante el primer Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, la minería formal enfrenta el reto de operar en contextos complejos, donde la falta de presencia efectiva del Estado y la expansión de la minería ilegal generan dificultades adicionales.
Grossheim explicó que la minería formal trabaja con horizontes de largo plazo, lo que exige construir relaciones de confianza duraderas y trasladar esas relaciones desde el plano personal hacia la institucionalidad. “No se puede depositar toda la confianza en las personas. El desafío es crear institucionalidad para que los procesos y acuerdos sobrevivan a los cambios de líderes o equipos”, remarcó.
La ejecutiva destacó que, pese a los avances, persisten desafíos en la gestión de los compromisos sociales. Muchos conflictos surgen por acuerdos ambiguos o con roles poco claros, situación que debilita la sostenibilidad de los proyectos. “Los acuerdos tienen que ser claros y medibles, con roles determinados. Es fundamental definir quién debe hacer qué”, señaló Grossheim.
El éxito de los diálogos, añadió, no depende de la cantidad de acuerdos firmados, sino de la calidad y posibilidad real de cumplirlos, así como del impacto tangible en los territorios. “Un incumplimiento destruye la confianza y reconstruirla puede tomar años”, advirtió, subrayando la importancia de adaptar los acuerdos al contexto cambiante para mantener su vigencia y legitimidad.
El sector minero formal, según la SNMPE, viene impulsando diversas herramientas para fortalecer la gestión social y la prevención de conflictos. Entre ellas, destacan las orientaciones sobre gestión de reclamos y la debida diligencia en derechos humanos, que buscan dotar a las empresas de instrumentos prácticos y efectivos. Grossheim aclaró que la diversidad territorial y empresarial del país obliga a adaptar estas prácticas a cada realidad, en vez de aplicar estándares homogéneos.
En contraste con el avance del sector formal, la minería ilegal continúa expandiéndose y genera creciente preocupación social. “Dos de cada tres peruanos creen que la minería ilegal ha aumentado en los últimos años y el 78% de la población percibe que estas actividades financian redes de crimen organizado”, alertó Grossheim, recalcando el impacto negativo de la informalidad y la urgencia de una respuesta estatal más firme.
La percepción positiva de la minería formal, que en 2018 estaba en el 25%, supera en 2026 el 45%, y el 62% de los encuestados considera que la actividad trae beneficios a las comunidades, según el gremio. “Existen muchos acuerdos ambiguos, justamente se hacen así para que no haya un seguimiento real. Los acuerdos deben ser claros y precisos, con roles determinados; es fundamental definir quién debe hacer qué”, insistió Grossheim.
