Se oficializa la iniciativa permanente “Justicia Móvil – Servicios sin Barreras”, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para acercar servicios de orientación y patrocinio legal, registrales, notariales, documentarios y sociales a la población privada de libertad en establecimientos penitenciarios. La medida busca reducir barreras que dificultan el acceso de los internos a servicios públicos vinculados a identidad, familia, patrimonio, trabajo, seguridad jurídica, acceso a la justicia y reinserción social. La conducción operativa estará a cargo del INPE, en coordinación con la Defensa Pública, SUNARP, el Consejo del Notariado y otras entidades.

Se dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba las “Disposiciones Normativas que Regulan la Planificación Energética”, junto con su exposición de motivos, en la sede digital del Ministerio de Energía y Minas. La publicación tiene por finalidad recibir comentarios, aportes u opiniones de entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general. El plazo para remitir comentarios será de veinte días calendario contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución. Los aportes podrán enviarse a través de la Mesa de Partes Digital del MINEM o al correo institucional habilitado para dicho fin. La propuesta busca establecer un marco normativo para ordenar la planificación energética del país, en concordancia con la Política Energética Nacional al 2040 y los compromisos vinculados a la transición energética, eficiencia energética, seguridad energética y reducción de emisiones. 

Se aprueba el “Protocolo para la gestión de riesgos de desastres y siniestros en archivos”, aplicable a las entidades integrantes del Sistema Nacional de Archivos. Este instrumento busca brindar orientaciones y recomendaciones técnicas para prevenir riesgos, preparar la respuesta institucional y reducir los efectos negativos que puedan afectar la conservación de documentos ante incendios, inundaciones, desastres u otros siniestros. La norma se sustenta en la necesidad de proteger el patrimonio documental y asegurar que las entidades públicas cuenten con criterios adecuados de prevención, actuación y recuperación frente a situaciones de emergencia. Previamente, el proyecto fue publicado para recibir comentarios y aportes, los cuales fueron evaluados antes de aprobar la versión final. Asimismo, se dejan sin efecto normas anteriores vinculadas a la prevención y recuperación de siniestros por inundación e incendio en archivos, reemplazándolas por este nuevo protocolo integral.